Investiga PGR red de corrupción de ex gobernador Roberto Borge

Chetumal.- Al menos 20 ex colaboradores, empresarios y familiares de Roberto “N”, exGobernador de Quintana Roo, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en la red de lavado de dinero y de adquisición irregular de 22 terrenos propiedad del Estado.

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Según los datos de prueba presentados por los fiscales del caso ante el juez de la causa penal 381/2017, entre los antes citados se encuentran la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae), Claudia “N”; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos “N”; el ex secretario de Gobierno, Gabriel “N”; el ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio “N”; los ex titulares de Seguridad Pública, Bibiano “N” y Juan Pedro “N”; el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel “N”, y el juez Primero Civil de Playa del Carmen, Gustavo “N”.

En este sentido, señalaron que también están en la mira de la dependencia los empresarios Edgar “N”, del ramo metalúrgico, y Santiago “N”, de una distribuidora de gasolina, quienes habrían participado como prestanombres del ex mandatario local en la compra de lotes en zonas exclusivas de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

De acuerdo con los entrevistados, el abogado de la familia del ex Gobernador, César “N” y María de Lourdes “N”, también figuran como beneficiarios de los inmuebles del patrimonio estatal comprados a bajo costo.

Al respecto, sostuvieron que Carlos “N”, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, es señalado como el principal operador para la adquisición de los predios, mientras que Jorge “N”, ex presidente municipal de Isla Mujeres, al parecer adquirió uno de los 22 terrenos rematados que tiene una extensión de tres mil metros cuadrados y se localiza en Punta Norte.

En los casos de César “N” y María de Lourdes “N”, se sabe que la PGR ya solicitó sendas órdenes de aprehensión en su contra.
Ahora bien, los fiscales del Ministerio Público Federal afirman que la ex directora del Ipae fue la pieza clave de la red de corrupción, puesto que se encargó de la venta a familiares y amigos del ex titular del Ejecutivo, de los 22 terrenos de la reserva territorial en tan sólo 238 millones 790 mil 121 pesos, pese a que su valor comercial asciende a mil 138 millones de pesos.

Aquí vale la pena destacar que, según aseveraron, para la PGR existe certeza de que la red de corrupción que colaboró con el ex mandatario logró ocultar tres de los 22 predios, y señaló que en los 19 restantes no se concretó el delito porque fueron asegurados en febrero del año pasado como parte de las investigaciones.
De igual forma, revelaron que desde julio del año pasado se tenía programada la comparecencia de Claudia “N” y demás implicados ante el juez de Control con residencia en Nezahualcóyotl, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En 2011, Claudia “N” llegó al máximo cargo del Ipae, tras haberse desempeñado como secretaria particular de Roberto “N”. Días antes de concluir su gestión, fue llamada a comparecer por el Congreso del Estado para que informara sobre el manejo discrecional con el que se habían operado los remates de los bienes del patrimonio estatal.
Asimismo, los fiscales adscritos al caso indicaron que el grupo de enlaces y prestanombres del ex Gobernador operaba bajo la pauta del ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo “N”, y el ex secretario técnico de la dependencia, Eliezer “N”, considerados los presuntos cerebros financieros.

Con base en sus dichos, trascendió que a Juan Pablo “N” se le vincula con la malversación de mil 464 millones de pesos procedentes del Impuesto al Hospedaje al sector hotelero de la entidad, por lo que tiene siete denuncias penales en su contra por delitos federales y del fuero común, mientras que Eliezer “N” es señalado como el principal operador financiero de la pasada administración y se le relaciona con la adquisición de más de cuatro inmuebles en Chetumal, los cuales están valuados en miles de millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Función Pública local tienen 15 denuncias en su contra por los delitos de peculado, abuso de autoridad y desempeño irregular de funciones.

Otros de los presuntos operadores que se mencionaron son Fernando “N”, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), y los ex subsecretarios de la dependencia, Ariel “N” y Andrés “N”, quienes al parecer participaron en el desvío de dos mil 388 millones de pesos, en complicidad con la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Paula “N”, detenida por la Fiscalía General del Estado y después puesta en libertad -tras pagar una fianza- y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dirigida en ese entonces por Paula “N”, quien fue detenida y vinculada a proceso el 3 de enero pasado por el delito de peculado, siendo responsabilizada del desvío de mil 56 millones de pesos del erario público.

Finalmente, los fiscales del MPF señalaron que el ex titular de Sintra y sus colaboradores pagaron 777.2 millones por la renta de maquinaria para obras que nunca se realizaron en Quintana Roo, siendo que el ex candidato a la gubernatura, Mauricio “N”, cuenta con una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía General de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del presupuesto del Estado para su campaña electoral. Fuente: Diario de Quintana Roo

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