Más de 90 diputados de Morena, PT, PVEM y PRI, se oponen al anteproyecto de reforma constitucional relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La razón del desacuerdo es la limitación impuesta al tribunal para conocer y resolver sobre las “acciones afirmativas” en candidaturas.
Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señaló que la propuesta original no consideraba limitaciones, pero la bancada del PAN puso el tema en la mesa como una condición para su apoyo.
Los diputados sostienen que el documento de trabajo excluye al TEPJF de participar en la revisión e implementación de acciones afirmativas para grupos minoritarios, lo que limitaría los derechos políticos electorales de estos sectores.
Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de su grupo parlamentario, aseguro que si no se elimina ese párrafo del arriculo 41 y 73 de la Constitución no aprobarán el dictamen del anteproyecto.
“El Tribunal tendría que tener, de alguna manera, participación en revisar que se aplique la ley y garantizando los derechos de estos grupos minoritarios, sabemos lo que paso en Chiapas, en Oaxaca, y pues nosotros no estamos a favor de la simulación, estamos a favor de que sean los pueblos, estos grupos minoritarios los que accedan a estos espacios importantes de toma de decisiones”, externó.
Destacó que tienen una propuesta de redacción alterna, el cual su objetivo es que se reconozca y garantice en la Constitución el 10% de la participación de los grupos minoritarios.
De esta forma, los diputados del PAN, PRI, PRD y Morena se unieron para impulsar un proyecto que busca reducir las facultades del TEPJF, el cual actualmente puede emitir sentencias a partir de interpretaciones de la Constitución, afectando las decisiones de los partidos sobre el registro de candidaturas, elección de dirigentes y representación legislativa.
Contexto
La reforma constitucional pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, de ser aprobada, será remitida al Senado para que entre en vigor para el proceso electoral de 2024.
Este documento tiene como objetivo que el Tribunal Electoral emitiera sus sentencias limitándose a lo que se establezca en la Constitución y en las leyes electorales, así impidiendo que las intérprete, quedándose sin facultades para resolver casos de las cámaras del Congreso.
“Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”, se lee en el proyecto de dictamen.
Los partidos proponen agregar al artículo 99 que estas facultades serán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera exclusiva.
Fuentes: Aristegui Noticias
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