Salvador Faraci Linares, un adulto mayor de Jocotepec, Jalisco, ha vivido en carne propia las fallas en la gestión de los programas sociales del Gobierno Federal. Desde diciembre de 2022, espera la entrega de su tarjeta del programa de pensiones del Bienestar, pero su caso es solo uno de los muchos que ponen en evidencia la falta de eficiencia y la desorganización dentro de las oficinas encargadas de este apoyo vital para los más vulnerables.
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La larga espera comienza en 2022
El 6 de diciembre de 2022, Salvador Faraci inició el trámite para recibir su tarjeta en el módulo de Jocotepec. Tras completar todos los requisitos, el 26 de abril de 2023 fue citado para recoger su tarjeta. Sin embargo, al llegar a la oficina, se encontró con la sorpresa de que su tarjeta no había llegado, a pesar de figurar en la lista de entregas. Ante esta situación, le informaron que debía acudir a una oficina en Guadalajara, específicamente en Lerdo de Tejada #2466, para reiniciar todo el proceso desde cero.
Este incidente marcó el comienzo de lo que sería una larga y frustrante espera, marcada por constantes visitas a diferentes oficinas, sin obtener una solución satisfactoria.
El desgaste económico y emocional
El proceso ha supuesto no solo una carga emocional para Faraci, sino también económica. El adulto mayor se ha visto obligado a viajar repetidamente a diversas oficinas, lo que ha implicado la pérdida de días de trabajo y gastos constantes en pasajes de transporte.
“Por estar yendo a la oficina perdí días de trabajo, al igual que estar pagando pasajes constantes para poder asistir, para que al llegar me dijeran que es un caso especial”, relató Salvador, visiblemente afectado por la situación.
A pesar de los esfuerzos y viajes, cada vez que llegaba a una oficina, se le aseguraba que su caso era único y que debía esperar una nueva cita o que simplemente se le informaba que el trámite no avanzaba.
El colmo de la desorganización
En agosto de 2024, después de casi dos años de trámites, Salvador fue citado nuevamente a una oficina, donde le dijeron que su tarjeta aparecía como “entregada” en el sistema, sin embargo, no le ofrecieron ninguna solución.
Con el inicio de 2025, Salvador sigue sin recibir su tarjeta, lo que le ha generado una creciente desconfianza hacia el proceso. “¿Cómo es posible que lleve ya dos años sin que me entreguen una tarjeta aun estando en la lista de entrega?”, cuestionó indignado.
El caso de Salvador Faraci Linares no es un hecho aislado, sino que refleja una problemática más amplia dentro de la gestión del programa de pensiones del Bienestar. Muchos otros adultos mayores enfrentan la misma situación, con trámites inconclusos, errores administrativos y una falta de respuestas claras por parte de las autoridades.
¿Quién es responsable de la ineficiencia?
La situación de Salvador pone de manifiesto los vacíos administrativos que afectan a miles de beneficiarios del programa. A medida que el caso se hace público, surge la pregunta: ¿quién se hace responsable de estos fallos? Las autoridades han sido incapaces de ofrecer respuestas concretas, y la falta de transparencia y eficiencia en la ejecución de estos programas deja mucho que desear.
La gestión de los programas sociales destinados a los adultos mayores es crucial, ya que muchos de ellos dependen de estas pensiones para su supervivencia. Sin embargo, el sistema no parece estar preparado para atender de manera eficiente a los miles de solicitantes que requieren este apoyo.
Claman por justicia y transparencia
El caso de Salvador Faraci Linares resalta la importancia de dar visibilidad a estas situaciones y exigir respuestas a las autoridades correspondientes. Las quejas de los beneficiarios del programa no deben ser ignoradas, y es necesario que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto.
Los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, merecen recibir su pensión de manera oportuna y sin trabas administrativas. La falta de eficacia en los trámites pone en peligro la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan.
La difusión de historias como la de Salvador es fundamental para presionar a las autoridades a mejorar la eficiencia del sistema y garantizar que los recursos lleguen de forma efectiva a quienes los requieren. Sin justicia y transparencia, el sistema seguirá siendo una carga para los adultos mayores y un ejemplo de la desorganización dentro de los programas sociales del país.
Un llamado a la acción
La falta de respuestas claras y la continua frustración de los beneficiarios del programa de pensiones del Bienestar no pueden seguir siendo ignoradas. El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan. La sociedad debe seguir exigiendo justicia y transparencia para que situaciones como la de Salvador Faraci Linares no se repitan.
Al final, la eficiencia de los programas sociales debe ser una prioridad para el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente para los adultos mayores, quienes dependen de estos apoyos para llevar una vida digna.
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