Chetumal, Q. Roo.- De no haber eventualidad, este miércoles el juez de control determinará la situación jurídica del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por las imputaciones de Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder.
Este martes a través de video conferencia, se desarrolló la audiencia de Vinculación a Proceso por la entrega de cinco concesiones de manera irregular, establecida en la carpeta administrativa 154/2017, promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
El jueves pasado inició la audiencia de formulación de imputación, que fue prolongada para este martes a petición del ex gobernador de Quintana Roo, quien solicitó la Ampliación del Término Constitucional a 144 horas.
El día de ayer los testigos solicitados por la defensa no se presentaron. Por el momento renunciaron a este derecho, so advertencia de requerirle en caso de que el imputado sea vinculado a proceso. Los declarantes son Javier Félix Z. G., Hiram T. V., Jaime Manuel Z. G., Marilú E. S., Juventino C. P., y José Antonio B. A.
Pero también incluye a los representantes legales de Adventure Red, Grupo Majuve, Rentadora la Fortuna, Traslado Terrestre del Sureste y Transportes Recreativos Paraíso, que fueron las beneficiadas con las concesiones entregadas a juicio de la FECC de manera ilegal.
La defensa del imputado aseguró no existen argumentos para vincularle a proceso, pues las acusaciones son basadas en el reglamento de una normatividad abrogada desde 1986.
Además no existe obligación de que los recursos ingresaran a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), porque Quintana Roo está adherido al Convenio de Coordinación Fiscal, el cual no establece la obligatoriedad del pago de derechos, y la tributación está suspendida.
Pero los fiscales anticorrupción sostuvieron que la obligación existe, porque al no haber Ley, los reglamentos rigen las obligaciones fiscales.
Durante su derecho de réplica, Borge Angulo dijo ser perseguido político del gobernador Carlos Joaquín González, porque la carpeta administrativa 154/2017 se funda en ilegalidades pero sobre todo, subjetividades. Porque además de violentar sus derechos, no se permite que los tres testigos claves que fundamentan las imputaciones declaren, porque en realidad fueron quienes con base a sus atribuciones, autorizaron las concesiones.
El trasfondo es que en el 2010 resultó favorecido con la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a gobernador del Estado, y el actual jefe del Ejecutivo Estatal no perdona, puesto que no estaba ni afiliado a dicho organismo político.
Acusó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) está supeditado al gobernador del Estado porque no hay independencia de poderes. Aseguró que las imputaciones son ilegales porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado respecto a que los reglamentos no pueden regir acciones, ante la inexistencia de leyes.
Reiteró ser perseguido político, puesto que durante su gestión siempre promovió el respeto a la Ley y combate a la corrupción.
Tras escuchar a las partes involucradas, el juez de control solicitó receso de dos horas para pronunciarse al respecto.
La audiencia debió retomarse a las 15:50 horas, pero una falla técnica en la red de fibra óptica del Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos.
Se decretó receso de cinco horas, pero al cumplirse el plazo la falla no había sido resarcida y se determinó que la audiencia se desarrollará a las 10:00 horas de este miércoles.
Posteriormente, el defensor de Borge Angulo, Karin de la Rosa, consideró que de darse la vinculación a proceso, se promoverá un amparo ante el Juzgado de Distrito, que en plazo máximo de siete meses fallaría a su favor.
Debe recordarse que la FECC promovió recientemente una nueva denuncia en contra del ex gobernador de Quintana Roo, fundamentada en irregularidades en la entrega de cinco concesiones a empresas dedicadas al servicio de transporte, entre los años 2015 y 2016.
Las concesiones son la 1470/2016 otorgada a Adventure Red S. A. de C. V.; la 0749/2015, entregada a Fortuna S. A. de C. V..; la 1846/2016, a cargo de Grupo Majuve S. A. de C. V.; la licencia 1343/2016 le fue concedida a Traslados Terrestres del Sureste S. A. de C. V.; y la 1882/2016 a Transportes Recreativos Paraíso S. S. de C. V. Las empresas están asentadas en Isla Mujeres.
En ese proceso no se emitió la convocatoria para el concurso del pliego de concesiones; tampoco hubo declaratoria de necesidad de servicio de transporte y; los pagos por los derechos no ingresaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Lo que a juicio de los fiscales anticorrupción hubo transgresiones a las leyes de Explotación de Vías de Comunicación y de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Las acusaciones son respaldadas por los testimonios de los ex servidores de la extinta Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra): Javier Félix Z. G., Hiram T. V., y Jaime Manuel Z. G.
Según los fiscales, los ex funcionarios denunciaron que Borge Angulo les obligó a violentar la normatividad porque las concesiones estaban comprometidas. De lo contrario, la pasarían mal.
Tales acciones encuadran en Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder, argumentaron los fiscales anticorrupción.
