ICE quiere que las deportaciones en EE.UU. funcionen como un “negocio”, afirma su director
Phoenix, Arizona, 8 de abril de 2025 — Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comparó el sistema de deportaciones de Estados Unidos con una plataforma de comercio electrónico: “Amazon para seres humanos”. Sus polémicas declaraciones fueron hechas durante una conferencia sobre Seguridad Fronteriza en Phoenix, donde subrayó que las expulsiones deben ejecutarse con eficiencia empresarial.

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“Tenemos que tratar esto como un negocio”, afirmó Lyons, según reportó el medio local AZMirror. Sus palabras refuerzan la línea dura del Gobierno de Donald Trump, que ha prometido implementar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.
Expulsiones aceleradas y envío a megacárcel en El Salvador
Entre las medidas más severas impulsadas por la administración Trump está el traslado de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos sin antecedentes penales, a una megacárcel en El Salvador. Así lo reveló un informe de la cadena CBS, que advierte sobre las condiciones y la falta de procesos legales adecuados para los expulsados.
El Gobierno justificó esta medida mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVII originalmente concebida para tiempos de guerra, generando una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

Suprema Corte permite expulsiones, pero exige garantías mínimas
Este miércoles, la Corte Suprema levantó una orden previa de un tribunal federal que bloqueaba temporalmente las expulsiones de venezolanos hacia El Salvador. No obstante, estableció que los migrantes detenidos deben ser informados formalmente de su proceso y contar con “un tiempo razonable” para impugnar su deportación.

Críticas y demandas por uso de leyes arcaicas
Diversas organizaciones civiles han presentado demandas legales contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, calificándola de obsoleta y contraria al debido proceso. Alegan que su aplicación en contextos migratorios viola derechos fundamentales, especialmente cuando se usa contra personas sin historial delictivo o con algún estatus legal vigente.
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