Las autoridades de Francia han llevado a cabo juicios por el procedimiento de comparecencia inmediata para los responsables de los disturbios que han sacudido al país durante la última semana. Hasta el momento, más de 350 personas han sido enviadas a prisión, y se espera que varios cientos más enfrenten el mismo proceso en los próximos días.
La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, informó que cerca de 700 personas ya han comparecido ante un magistrado con el objetivo de ser inculpadas, y otras 800 se encuentran en espera. Estas acciones forman parte de una respuesta rápida, firme y sistemática por parte de las autoridades judiciales, tal como lo solicitó el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, a través de una circular dirigida a los fiscales.
Además, la circular también establece la posibilidad de imponer sanciones penales a los padres de menores de edad que no se preocupen por controlar a sus hijos y permitan que participen en los disturbios que se han venido produciendo. Cabe mencionar que la mayoría de las personas arrestadas son jóvenes, con una edad media de 17 años, y alrededor de un tercio son menores de edad que no pueden ser juzgados por el procedimiento de comparecencia inmediata ni enviados a prisión.
La primera ministra enfatizó que esta violencia no está relacionada con una revuelta de los barrios sensibles, como se ha especulado. Durante sus visitas a las zonas afectadas, Borne ha percibido incomprensión y enfado por parte de la población. Afirmó que esta violencia es inexcusable y no representa a la juventud del país.
En respuesta a las críticas de algunos sectores políticos, especialmente del líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, la primera ministra reprochó a esos grupos por no sumarse a los llamamientos a la calma y por buscar culpables en las instituciones republicanas en lugar de responsabilizar a los autores de la violencia. Borne destacó los esfuerzos del gobierno por restablecer el orden republicano y proteger a la sociedad.
Paralelamente, el presidente de la República, Emmanuel Macron, se reunió con alcaldes de localidades afectadas por los disturbios, a quienes les aseguró que su prioridad absoluta es restablecer el orden de forma duradera. Macron también prometió una ley de reconstrucción urgente para acelerar la restauración de los edificios públicos dañados durante los disturbios, así como medidas para apoyar a las empresas afectadas económicamente.
Los daños económicos se estiman en más de mil millones de euros (mil 90 millones de dólares), sin contar el posible impacto en la imagen de Francia y en el sector turístico. Ante esta situación, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que se estudiará la posibilidad de escalonar el pago de las cotizaciones sociales y fiscales de las empresas afectadas, e incluso se considerará la anulación de dichos pagos en casos particulares.
El gobierno francés está comprometido en reestablecer el orden y garantizar la seguridad de la sociedad, así como en brindar el apoyo necesario para la recuperación económica y reconstrucción de las áreas afectadas. Se espera que estas medidas contribuyan a restaurar la tranquilidad y la estabilidad en el país.
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