Chetumal.- La negativa de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, a presentar su Declaración 3DE3 le generará problemas a futuro inmediato, principalmente en sus aspiraciones por ser parte la próxima Cámara de Senadores.
Por ahora 3DE3 solo es una obligación moral, sin embargo a partir del próximo 19 del presente será obligatoria, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La presidenta municipal de Puerto Morelos y su Cabildo se han negado a hacer pública su Declaración Patrimonial. Lo mismo para la Fiscal y de Intereses.
El cuerpo colegiado se funda en no cumplir porque aún no existe la armonización de las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que realiza la XV Legislatura del Congreso del Estado.
Según la Asociación Civil “Somos Tus Ojos: Por la Transparencia en Quintana Roo”, en la Fracción XII del Artículo 91 de la Ley de Transparencia, se ordena a los sujetos obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de no conflicto de intereses y fiscales de los últimos cinco años.
Ante la negativa del Cabildo de Puerto Morelos por transparentar tal información la citada organización civil y el Colectivo Puerto Morelos promovieron un recurso de revisión.
Sobre todo porque el pasado 4 de mayo el Ayuntamiento de Puerto Morelos signó con la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción; pero le trastoca.
El secretario general del Colegio de Profesionales en Derecho A. C. Raúl Ojeda González, advirtió que al entrar en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas permitirá conocer el patrimonio de servidores públicos y representantes populares y pero sobre, todo como le adquirieron.
Paralelamente consideró importante destacar que la negativa a realizar la Declaración 3DE3 antes de ser obligatoria, truncará aspiraciones políticas y objetivos a futuro.
“Se va a poder revisar años anteriores, el que se quiera esconder, que quede claro, ni abajo de las piedras, estamos hablando de políticos y funcionarios públicos que quieran ser diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, yo considero que si va a repercutir por el hecho de no fueron transparentes”, señaló.
Es decir todo aquel servidor público o representantes populares que no justifiquen la procedencia legal de su patrimonio, quedarán impedidos a continuar en la búsqueda de cargos de mayor relevancia.
“Imaginen que tan sólido es este esquema que en su momento obligó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a hablar respecto al tema de la casa blanca”, reiteró.
Y es que la presidenta municipal de Puerto Morelos pretende la candidatura a senadora por la alianza intencionada entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde (PV).
En este contexto, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, vía telefónica prometió pronunciarse al respecto, pero luego estuvo ilocalizable.
No obstante, se indagó que mientras no entren en vigor las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, la SGP solo puede hacer exhortos a representantes populares y funcionarios a cumplir con la Declaración 3DE3.
Durante la Sesión Extraordinaria de la XV Legislatura desarrollada la tarde de este viernes, se armonizaron las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Herlindo Vázquez
