CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de modificar dicha institución autónoma en una defensoría del pueblo, resultó sorpresiva para los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que ven a esa funcionaria como una “incondicional” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicha iniciativa preocupó a los expertos en derechos humanos por lo que comenzaron a examinar a detalle la propuesta presentada por Piedra Ibarra el pasado 30 de enero.
El pasado 02 de febrero varios delegados de organismos internacionales y de ONG mexicanas se reunieron para analizar dicha propuesta.
Uno de los puntos más comentados fue el que busca dar a la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, como se llamaría en lo sucesivo la CNDH, atribuciones para conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos “por actos u omisiones de autoridades administrativas o electorales de carácter federal”.
Esto debido a que la ley que le dio autonomía de gestión y presupuestaria a la CNDH en 1992 establece en su artículo 7 que el organismo no podrá conocer lo relativo a “actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales”.
La nueva iniciativa agrega que no podrá conocer esos casos sólo “cuando se trate estrictamente de organización y calificación de procesos electorales”, con lo que abre la puerta para intervenir en todas las demás fases de los comicios, en especial en su desarrollo.
Por su parte, la directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk expresó que la CNDH no necesita ser sometida a una reforma para convertirse en uno de los actores más importantes en la defensa y promoción de los derechos humanos en México.
Taraciuk señala a Piedra Ibarra que: “En vez de dedicarse a vigilar y fiscalizar las acciones del gobierno federal, la actual presidenta de la CNDH ha utilizado su papel para fines políticos, lo que le ha hecho mucho daño a la institución”.
Tamara Taraciuk en 2008 condujo el estudio La CNDH de México: una evaluación crítica, agrega que ante la crisis de derechos humanos que vive el país es “urgente” que esa institución “realmente vele por las víctimas, y para ello es indispensable que sea liderada por alguien que demuestre voluntad inequívoca de ejercer plenamente sus funciones”.
De igual forma, Tyler Mattiace, delegado para México y Centroamérica de HRW afirma que la propuesta de Piedra Ibarra para cambiar de nombre a la CNDH “parece un distractor” porque no apunta una reforma estructural.
Tyler Mattiace sostiene que la pretensión de dar facultades a la eventual defensoría del pueblo para ocuparse de temas electorales “es muy preocupante”.
En la iniciativa, Piedra Ibarra también expone razones administrativas, al estilo 4T, para justificar los cambios.
El costo de la CNDH ha sido criticado por la misma HRW y ONG mexicanas, como el Centro Pro, que deploró que la iniciativa “enfatice sólo la reducción de presupuesto, en un contexto de -subordinación al poder político en turno” en el que el organismo no ejerce su autonomía.
Para Piedra Ibarra, “el problema es el modelo, porque desde su creación, la CNDH sólo está capacitada legalmente para emitir ‘recomendaciones’, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral mediante el voto popular y Piedra Ibarra plantea en su iniciativa hacer lo mismo con el presidente y los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH.
La propuesta habla de “exigibilidad” para cumplir las decisiones de la eventual defensoría del pueblo y también de “sanciones de oficio”, pero sin explicar en qué consisten.
Pero en los hechos, la iniciativa omite un tema crucial que se debate en América Latina y que consiste en dotar a los organismos públicos de defensa de derechos humanos de facultades para hacer vinculantes sus decisiones, es decir, para que las autoridades las deban cumplir o, de lo contrario, puedan ser sancionadas con medidas administrativas (suspensión del cargo) o penales.
El abogado Javier Fernández Perroni indica que para que la CNDH cambie de nombre y su titular pueda ser electo por voto popular es necesario reformar el apartado B del artículo 102 de la Constitución.
Asegura que la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen amplia mayoría, pero en el Senado es difícil que esa iniciativa tenga mayoría calificada por lo polarizado que está el ambiente.
El resto de las propuestas de Piedra Ibarra pasan por una reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual sólo requiere el voto de la mayoría simple en las dos cámaras.
La Defensoría del Pueblo de Venezuela es una institución estatal de defensa de los derechos humanos surgida del proceso constituyente de 1999 que lideró el entonces presidente Hugo Chávez, cuya narrativa revolucionaria, transformadora y refundacional permeó hasta el nombre de las instituciones.
Rocío San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos en Venezuela indica que la denominación Defensoría “del Pueblo” se alinea muy bien con el discurso chavista, que el presidente Nicolás Maduro mantiene.
San Miguel ha criticado el proceso de militarización que vive México con López Obrador y lo equipara con el que ha ocurrido en Venezuela, sostiene que el cambio de denominación que propone Piedra Ibarra para la CNDH con argumentos como que hay que superar “el esquema neoliberal que heredamos”, tienen también “un paralelismo inequívoco con la situación venezolana”.
Señala que ante esa situación “el nombre o los cambios de nombre de las instituciones no son garantía absolutamente de nada”, pero sirven “para hacer parecer que un régimen está acabando con el pasado que critica”.
Por lo que, para San Miguel, una verdadera reforma de las instituciones públicas defensoras de los derechos humanos apuntaría a darles competencia para sancionar penalmente a los funcionarios que incumplan sus órdenes.
En la mayoría de países latinoamericanos los organismos públicos encargados de proteger los derechos humanos, que cobraron auge en los noventa se denominan defensorías del pueblo –como en Portugal y España– y son instituciones autónomas cuyos titulares son electos por los parlamentos.
Fuente: Proceso
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