La Cámara de Diputados aprobó la integración de la comisión bicameral que analizará y dictaminará los informes que envíe el Ejecutivo federal sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El 19 de noviembre de 2022 entró en vigor el decreto que amplió hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que dispone de la creación de una comisión bicameral, a la que el Ejecutivo deberá presentar un informe semestral sobre el tema.
El informe deberá proporcionar indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Los diputados que integran dicha comisión son:
- Ricardo Villarreal García (PAN)
- Javier Joaquín López Casarín (PVEM)
- Gerardo Fernández Noroña (PT)
Morena, PRI, MC y PRD aún no definen a sus representantes, luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó que cada grupo parlamentario integrará dicha comisión.
Este martes fue aprobado el acuerdo que señala que la presidencia de la comisión bicameral rotará cada seis meses, iniciando el primer periodo a partir de marzo hasta agosto de 2023.
En septiembre de 2023 iniciará el segundo periodo y finalizará en febrero de 2024. El tercer periodo correrá de marzo de 2024 hasta agosto del mismo año.
Las reglas de funcionamiento de la comisión serán aprobadas por sus integrantes.
Asimismo, la comisión contará con recursos financieros para el cumplimiento de sus funciones, por lo que la Cámara de Diputados instruyó a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a que disponga lo necesario.
La creación de la comisión bicameral fue parte de las modificaciones hechas por el Senado al llamado “acuerdo militarista”.
Los titulares del Gabinete de Seguridad federal podrán ser citados a comparecer ante dicha comisión, y desde 2024 se observará la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con partidas presupuestales especiales.
La reforma establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, temporal, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución Política.
Además, las acciones que lleve a cabo no sustituirán a las de las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias.
En 2028 cuando concluya la participación de las Fuerzas Armadas, el Senado garantizará que estas funciones sean asumidas completamente por la Guardia Nacional, así como por las policías estatales y municipales.
Fuente: Aristegui Noticias
