El Gobierno francés ha enfatizado su posición de que los disturbios que han ocurrido durante las últimas seis noches en el país no constituyen una revuelta social en los barrios sensibles, sino más bien una manifestación de violencia perpetrada por grupos de delincuentes jóvenes.
Fuentes del Ejecutivo han subrayado que estos incidentes no son un reflejo del fracaso del modelo francés, destacando que situaciones similares se han vivido en otros países como Alemania, Bélgica, Suiza o Canadá, lo que indica un problema generalizado con jóvenes que recurren a la violencia.
Las fuentes del Gobierno francés refutan las ideas que han circulado, especialmente en el extranjero, argumentando que no se trata de una revuelta de los barrios sensibles, ya que la gran mayoría de sus habitantes están enojados por esta ola de violencia. Son ellos quienes se ven más perjudicados por la destrucción de edificios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas y comisarías, así como por el saqueo de tiendas y la quema de miles de automóviles.
El Gobierno francés sostiene que en las últimas tres décadas se han realizado esfuerzos para abordar los desafíos en estos barrios sensibles a través de planes de renovación urbana, especialmente desde la llegada del presidente Emmanuel Macron en 2017, quien ha implementado políticas para promover la igualdad de oportunidades y la emancipación de los jóvenes.
En resumen, detrás de estos disturbios se encuentran actos de delincuencia y saqueo perpetrados por jóvenes, como lo demuestra la edad media de 17 años de los involucrados y el hecho de que más de 3,400 detenidos en los últimos días sean menores de edad.
En respuesta a las acusaciones de racismo y discriminación por parte de la policía, el Gobierno francés niega que estas actitudes puedan generalizarse. Afirman que Francia es un Estado de Derecho en el que la ley se aplica de manera igualitaria para todos, incluyendo a los policías, quienes están sujetos a control y no reciben trato preferencial.
El Gobierno ha querido aclarar algunas cifras que han sido ampliamente discutidas en los últimos días, en relación a los 13 muertos el año pasado durante intervenciones policiales en controles. Aunque esta cifra es superior a los dos años anteriores, así como a los tres muertos en el primer semestre de 2023, el Ejecutivo reconoce que estos incidentes están lejos de terminar.
A pesar de que estos episodios pueden alimentar discursos populistas, especialmente los de la extrema derecha, el Gobierno francés insiste en que la respuesta política debe ser responsable y que no tiene la intención de estigmatizar a grupos sociales específicos ni dividir al país.
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