Edmundo Jacobo Molina secretario Ejecutivo del INE dijo: “Esta autoridad considera que en el caso concreto se autoriza la causal de improcedencia por incompetencia…”
México.- Las y los consejeros del INE, rechazaron imponer alguna sanción al PRI y su entonces presidente municipal de Torreón; Coahuila, luego de que se corroboró que canalizaban parte del salario de los trabajadores del ayuntamiento al Revolucionario Institucional.
Los integrantes del INE, durante una larga discusión de alrededor de hora y media, determinaron declarar improcedencia por incompetencia, la solicitud del entonces senador del PAN, Javier Corral Jurado.
Al respecto, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina dio lectora al proyecto de acuerdo.
“Esta autoridad considera que en el caso concreto se autoriza la causal de improcedencia por incompetencia. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, remitir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila copia certificada de las quejas y constancias que integran los expedientes, así como dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda”.
En su momento, la consejera Pamela San Martín, presentó su propuesta, relativa a que el INE ejerciera la facultad de atracción, para “determinar si las estructuras administrativas de gobierno, de un gobierno pueden o no pueden ser utilizadas para la retención de los salarios o de dinero que está en los salarios de los trabajadores vía aportaciones como simpatizantes a un partido político, y a partir de ellos transferir ese dinero a un partido político”.
“Sin duda, el sentido del proyecto como tal es correcto, como sentido no creo que hay ninguna diferencia en cuanto a que las constancias nos llevan a la conclusión que nos propone la Unidad Técnica. Sin embargo, como una atribución que tenemos, este Consejo General como Consejo General, me parece que podríamos ejercer la facultad de atracción y, derivado de ello, resolver el fondo del asunto dada la naturaleza de los hechos, la importancia de los mismos y la trascendencia de fijar una determinación en este sentido que es, me parece, de la mayor relevancia”.
Ante esta propuesta, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, presentó sus dudas.
“Cuál sería el caso relevante, perdón, el criterio relevante que podríamos fijar, porque, a mi entender, si atrajéramos, sería eventualmente para sancionar y hasta ahí, pero esa es una competencia que nos tocaría hacer nosotros al Instituto Electoral del Estado de Coahuila y no alcanzo a entender si de aquí se desprendería algún criterio general, porque lo que haríamos sería, en su caso, en su caso, determinar la violación simple y llana de la ley”.
No obstante, el consejero Benito Nacif Hernández, dijo que no podían dejar de pasar esta oportunidad para sentar criterios, en torno a si es viable o no retener el salario de los trabajadores para canalizarlos a algún partido político.
“Y aquí claramente al utilizar el aparato administrativo para recolectar cuotas de militantes, en este caso de los legisladores o en este caso cuotas de simpatizantes que podrían ser los trabajadores de una administración pública Local, Federal o Municipal creo que hay una fuerte presunción de que se están empleando recursos públicos en beneficio de un partido político y que sería necesario fijar un criterio al respecto. Me parece que este caso nos presenta la oportunidad de fijar ese criterio y que no deberíamos desaprovechar esa oportunidad y ejercer una facultad nueva, que es la que mencionó la Consejera San Martín”.
Tal y como se manifestó en NoticiasMVS Radio, en el espacio a cargo de Alejandro Cacho, la pregunta salió a flor de piel, en qué momento el salario de un trabajador deja de ser público.
Al respecto el consejero del poder legislativo del Verde Ecologista ante el INE, Arturo Álvarez dijo:
“¿Y en qué momento dejar de ser ese recurso público para convertirse en privado, porque cuando es pagado vía salario a un trabajador, a partir de ese momento deja de ser recurso público; pero sin embargo hay quienes consideran, por lo que escucho, que no es así y que sigue siendo recurso público de un ayuntamiento y que se transfiere a un partido político. Me parece muy arriesgado sostener esa visión, porque entonces lo único que advierto es que vamos a terminar eventualmente llegando a un sistema tan restrictivo, que ni en campañas se va a poder hacer prácticamente nada”.
Para el representante del PRD en el colegiado, Pablo Gómez Álvarez, el retener parte del salario de los trabajadores es ilegal desde el punto de vista electoral y de la ley laboral.
“El costo de la cobranza, es el uso de un recurso público a favor de un partido. El aparato burocrático lo cobró, que lo puso en el banco, que lo entregó a ese partido, uso de recursos públicos a favor de un partido político. En este caso no hay duda de que ocurrió ese uso de recurso público a favor de un partido. Segundo, esto es un delito federal. Tercero, también está prohibido en la legislación del trabajo que los patrones hagan retenciones de este tipo a los trabajadores”.
Por lo pronto, las y los consejeros, determinaron remitir el expediente a la autoridad electoral del estado de Coahuila, así como dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que realicen las investigaciones conducentes.
(Fuente MVS )
