Cancún.- El presidente de Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, urgió a las autoridades estatales a emitir un acuerdo de desregulación que permita agilizar los trámites de las empresas y evitar la corrupción.
Refirió que el pasado 8 de marzo del presente año, el gobierno federal aprobó un acuerdo para la desregulación administrativa, conocido como “2×1”, con la intención de que al menos en el gobierno federal, cada nueva regulación traiga como consecuencia un mejora y represente ahorros tangibles en tiempo y en dinero a los ciudadanos y empresas al ser precedida de la desactivación de otras normas que impliquen costos de cumplimiento mayores.
Razón por la que dijo, que desde Coparmex nacional exhortan a los gobernadores de los estados a replicar en sus entidades acciones similares, pues para ello no se requiere de la aprobación legislativa.
López Sánchez, sentenció que es sumamente importante que en Quintana Roo se atienda este llamado, pues aseguró que el excesivo número de trámites que las empresas tienen que hacer, por un lado retrasa la apertura de nuevas empresas, motiva la informalidad y propicia actos de corrupción.
Consideró que el principal problema radica en los municipios, ya que cada uno tiene trámites diferentes y lo ideal sería homologarlos en todo el estado así como reducir algunos requisitos que se repiten en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.
Señaló que una muestra de la falta de una mejora regulatoria son los resultados de la “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Los datos son reveladores: las empresas pequeñas, así como las del sector industrial observaron al marco regulatorio como un obstáculo creciente; poco más la mitad de los consultados, el 50.9%, aseguraron que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores que en el pasado, o bien, siguieron igual de pesadas y complejas.
Otro dato que refleja la gravedad del problema, es que el 64.6%, es decir casi 7 de cada 10 empresas, considera que los actos de corrupción frecuentemente tienen por objeto realizar trámites gubernamentales, reconociendo el 5.6% haber sido víctimas de un acto de corrupción en su realización.
Es por ello, que el presidente de Coparmex Cancún reiteró que es fundamental para las empresas contar con otro tipo de regulación que agilice los trámites. Jezel Espinoza