El Gobierno de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 13 optaron por la “disolución voluntaria”, según se publicó en la Gaceta Oficial. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, firmó un acuerdo ministerial que ordena la cancelación de registro y número perpetuo asignados a estas 13 organizaciones. Además, otras 12 organizaciones sin fines de lucro tuvieron su personalidad jurídica y registro cancelados por “incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, y sus bienes muebles e inmuebles fueron transferidos al Estado.
Esta decisión se produce en un contexto de represión y restricción de la sociedad civil en Nicaragua desde las protestas populares que comenzaron en abril de 2018. Durante estas protestas, que se extendieron por varios meses, se produjeron centenas de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas se vieron obligadas a exiliarse.
Nicaragua ha estado sumida en una crisis política y social desde entonces, agravada por las cuestionadas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido. La represión gubernamental y las restricciones a la sociedad civil y los derechos humanos han sido motivo de preocupación en la comunidad internacional. La cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones sin fines de lucro es vista como un paso más en la consolidación del control del Gobierno sobre la sociedad civil en Nicaragua.
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