Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha expresado serias preocupaciones respecto a la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un análisis detallado, Satterthwaite advirtió que la iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, podría socavar la independencia de la judicatura en México, especialmente en lo que respecta a las cortes federales del país.
Satterthwaite subrayó que las reformas propuestas podrían alterar el mecanismo de selección de jueces, permitiendo que consideraciones políticas influyan más que los méritos objetivos de los candidatos. Este cambio en el proceso de selección podría poner en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales, al sustituir criterios técnicos y profesionales con consideraciones de carácter político.
La relatora también destacó la ausencia de un mecanismo transparente y accesible que permita verificar de manera independiente si los candidatos a jueces, magistrados y ministros cumplen con los requisitos necesarios de formación, aptitud e integridad. En su opinión, la falta de supervisión adecuada podría fomentar la corrupción y el tráfico de influencias, exacerbando problemas existentes en el sistema judicial.
Elección popular de ministros que propone la reforma no parece ser la decisión correcta
Un punto crítico en la reforma es la propuesta de elección popular de jueces, lo que, según Satterthwaite, podría llevar a que los candidatos se centren en agradar a los votantes o patrocinadores de campañas para asegurar su reelección. Esta dinámica podría comprometer aún más la imparcialidad judicial y socavar la confianza pública en un sistema que ya enfrenta desafíos relacionados con su reputación e integridad.
Con la reforma a punto de ser discutida y aprobada en el Congreso, las observaciones de Satterthwaite destacan la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial para garantizar la justicia y el estado de derecho en México. La comunidad internacional y los actores políticos en México deberán considerar cuidadosamente estas advertencias al evaluar la viabilidad y el impacto de la reforma.
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