Cancún.- Por mandato judicial, se frenaron las operaciones en 33 notarías públicas de nueva creación en Quintana Roo, incluidas las otorgadas a figuras públicas como Judith Villanueva, Berenice Polanco, Enrique de la Cruz Pineda y Javier Jesús Cárdenas Rivero, entre otros.
Lo anterior, producto de la resolución del juez al recurso de amparo con número J.A. 1267/2016-1, en la que “se concede para el efecto de que no se realice la designación y otorgamiento de las patentes relativas a las notarías públicas 90 a la 123”.
Lo anterior debido a que “habiéndose cuestionado el procedimiento para designar nuevos notarios, la sociedad está interesada en que los nombramientos que pudieran resultar se encuentren exentos de cuestionamientos para garantizar la seguridad jurídica de los gobernados”.
Esta suspensión aplica incluso si los notarios designados hubieran entrado en funciones, aunque no afecta la legalidad de los trámites realizados por ellos, antes de ser obligados a detener sus labores.
Diversas barras de abogados y asociaciones civiles habían denunciado la súbita entrega de decenas de notarías a personajes afines al actual gobierno, por tratarse de un proceso poco transparente y sin justificación, por lo que se sospechaba que se trataba de un “pago de favores”.
“No puede ser que tengamos el doble de notarías que otros estados, ¿dónde están los estudios publicados que justifiquen que existan más notarías? Esto lo único que hace parecer es que su entrega es un tipo de compensación”, reclamó Cynthia Dehesa Guzmán, directora general de Ciudadanos por la Transparencia.
Luis Esquivel Orozco, presidente de la barra de Cancún, fue parte de un grupo de litigantes que interpuso diversos amparos contra decretos realizados por la Legislatura anterior, además del reparto de notarías, que se señaló fue ilegítimo y que atentaba contra el derecho de los profesionales que podrían buscar aplicar para una patente.
Ello, porque la Ley del Notariado de Quintana Roo señala que se debe emitir una convocatoria para que concursen los postulantes a una nueva notaría, los que deben ser sometidos a un examen de oposición especializado, con un jurado compuesto de abogados. De acuerdo al abogado Luis Ojeda, este proceso nunca se realizó.
El Periódico Oficial, en tres ediciones, sacó los decretos por los que se creaban las 33 nuevas notarías, hoy frenadas, además de las convocatorias respectivas, pero más allá de eso, nada se sabe del proceso de selección, en el que casualmente quedaron como ganadores funcionarios en activo, ex burócratas o hermanos de políticos, como Jorge Julián Pereyra o Magaly Ayuso Achach.
Cabe destacar que se salvó de este mandato judicial el ex procurador de justicia, Armando García Torres, quien recibió en fechas recientes la notaría 89, en Chetumal, la que no ha sido impugnada hasta ahora.
Félix Díaz, jurídico de Acción Nacional, señaló que tanto el partido como la ciudadanía en general se ha organizado y han interpuesto 130 amparos contra diversas acciones del Congreso del Estado (el llamado “paquete de impunidad”) además de la entrega de notarías, aunque finalmente corresponderá al Congreso del Estado meter orden en este proceso.
“Son acciones que atentan contra la certeza legal en el estado, pues no puede la fe pública estar depositada en gente de dudosa probidad. Sabemos que muchas de estas notarías ni siquiera están abiertas al público, por lo que sus funciones son sospechosas”, declaró.
Para Eduardo Martínez Arcila, diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso, se está siguiendo de cerca este caso y estarán atentos al desenlace del mismo. A la vez, se trabaja en la evaluación de la Ley del Notariado para restringir la actual discrecionalidad que existe en la entrega de notarías, pues se ha hecho tradición que al final de cada sexenio se acomode a allegados en ellas.
“Con base en lo sucedido, veremos cómo enriquecer la iniciativa para reformar esta ley y contar con notarios capaces, sin cuestionamientos, a través de procesos transparentes”, destacó.
Cabe destacar que en junio el Primer Tribunal Colegiado también otorgó una suspensión para la entrega de las patentes de tres notarías, por existir cuestionamientos sobre el procedimiento seguido.
Fuente: Quequi