Con la llegada del nuevo año, Playa del Carmen se prepara para un nuevo capítulo de tensión social, luego de que la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente como Playaparq, anunciara un incremento en el precio del estacionamiento en la vía pública. Este aumento, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, elevará la tarifa de 10 a 12 pesos por hora, un movimiento que ha desatado la indignación de los ciudadanos y activistas locales.
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Un Incremento Ilegal, según Activistas
Marciano Toledo Sánchez, presidente del Grupo Cívico 28 de Julio y exregidor en el Ayuntamiento de Solidaridad, ha calificado este aumento como ilegal. Asegura que, aunque se intentó revertir la concesión que permite a Playaparq establecer estas tarifas, los esfuerzos no dieron resultado. “No podemos permitir que una empresa sobrepase su función y afecte a la ciudadanía”, afirma Toledo, quien ha convocado a movilizaciones en protesta antes de la aplicación del incremento.
Toledo advierte que este aumento no solo impactará el bolsillo de los ciudadanos, sino que también sienta un precedente peligroso sobre el control y regulación de servicios públicos. Los ciudadanos de Playa del Carmen están cansados de ver cómo decisiones unilaterales afectan su calidad de vida.
Respuesta de la Empresa: Una Justificación Legal
Por su parte, Diego Gracidas Martínez, gerente de la Promotora de Reordenamiento Urbano, defiende el incremento argumentando que está estipulado en el dictamen de concesión que la empresa obtuvo. Gracidas menciona que el contrato permite ajustes cada cinco años, una afirmación que ha sido cuestionada por los activistas y que refleja un punto de conflicto en este debate.
“Es importante que la ciudadanía entienda que este aumento está dentro de nuestros derechos como concesionarios”, declara Gracidas, quien también subraya que la empresa ha cumplido con su parte del acuerdo, aunque no se especifica en el contrato un aumento directo en las tarifas de estacionamiento.
La Lucha por la Defensa Legal
Ante la negativa de la empresa de retroceder en sus planes, Toledo ha anunciado que se llevarán a cabo acciones legales. “Iniciaremos demandas de amparo si Playaparq persiste en su intención de aplicar este incremento”, aseguró. Este paso legal busca proteger los derechos de los ciudadanos y cuestionar la validez de un aumento que muchos consideran injusto y no transparente.
Los movilizadores esperan que su esfuerzo no solo detenga el aumento, sino que también abra un debate más amplio sobre la gestión de servicios públicos en Playa del Carmen. La comunidad se está organizando para llevar a cabo protestas pacíficas, invitando a todos los ciudadanos a unirse en defensa de sus derechos.
Reacciones Ciudadanas: Un Clamor Colectivo
La noticia del incremento ha generado un fuerte descontento entre los habitantes de Playa del Carmen. Redes sociales se han inundado de comentarios y publicaciones en contra de la decisión de Playaparq. Muchos ciudadanos sienten que este aumento es un abuso y que refleja la falta de consideración de las autoridades hacia la población.
“Ya no podemos permitir que sigan subiendo los precios sin ningún tipo de control. La vida en Playa del Carmen se ha vuelto insostenible”, comentó una residente en una publicación viral. Este sentimiento se ha generalizado entre los ciudadanos, quienes han comenzado a organizarse en grupos y foros para discutir cómo enfrentar esta situación.
La Historia Detrás de la Concesión
La concesión HAS/OM/CON/LRP/001/2018, que permite a Playaparq gestionar el estacionamiento en la vía pública, ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Muchos cuestionan las condiciones bajo las cuales se otorgó esta concesión, y si realmente se tomaron en cuenta las necesidades de la población.
El hecho de que el contrato no especifique un aumento de tarifas cada cinco años plantea dudas sobre la legalidad de la acción de Playaparq. La falta de claridad en los términos de la concesión ha alimentado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades locales en la supervisión de estos contratos.
Fuentes: Novedades Quintana Roo
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