Sector salud padece problemas de dinero y decisiones. En materia de gasto público para el sector Salud, en México, el problema no solo es un asunto de cantidad, sino de decisiones de política pública y de rendición de cuentas, plantearon especialistas en políticas públicas en Salud y presupuesto.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa dijo que una prueba de las dificultades que hay en el ramo, es la fallida transición del Seguro Popular (SP), que funcionó de 2004 a 2019, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), puesto en marcha en 2020 y al IMSS-Bienestar, creado en 2022, con lo cual se pretende cambiar la política pública destinada a atender con servicios de salud a personas que no cuentan con seguridad social.
Lo grave, abundó, es que, en ese proceso, ha ocurrido una caída importante en la consulta médica. El Insabi nunca logró ofrecer el número de consultas que dio el Seguro Popular y el IMSS-Bienestar no trae un presupuesto para poder absorber la carga que va a implicar esa transición.
Sector salud padece problemas de dinero y decisiones.
La especialista en finanzas públicas subrayó que el Insabi no va a operar algún servicio público, sino que se convertirá en el cajón de recursos para financiar servicios para personas sin seguridad social.
Lo delicado, añadió, es que el Fonsabi ha funcionado como caja chica del gobierno: Le deposita recursos a finales del año y se registran como gasto en Salud ejercido en ese ejercicio fiscal, pero no necesariamente se ejecutan en el año. Se contabilizan como ya gastados, aunque solo se hayan guardado en el fideicomiso o incluso si los hayan regresado a la tesorería, que los puede destinar a otra cosa.
Mariana Campos recordó que para el presupuesto 2023, el gobierno solicitó la aprobación para que los recursos del Fonsabi se pasen a la Tesorería.
Un escenario de lo que podría pasar con esos recursos es que entren a la Tesorería y ésta se los dé a la Secretaría de Salud, o los deposite, a su nombre, como inversión financiera a otro lado.
Sin garantía flujo de fondos para sector salud.
En el mejor de los casos puede enviarlos a un nuevo fondo con el que trabaje el IMSS-Bienestar, pero eso no está garantizado, porque al entrar a la hacienda pública no puede pasar nada de lo antes citado, ya que el presupuesto federal se puede ajustar y ese dinero no necesariamente lo puede gastar en el sector Salud. La gran pregunta es por qué no se traza el derrotero que deba seguir ese recurso, una vez que salga del Fondo, expuso.
Además, se ha programado ya una salida de presupuesto vía inversión financiera del Programa de Atención a la Salud, con lo cual una determinada cantidad de dinero se podría ir a una empresa estatal o a un organismo descentralizado.
La especialista planteó que otro problema es que no ha habido suficiente transparencia sobre la forma en que se ejercen los recursos del Fonsabi, por lo que, el sector salud padece problemas económicos.
En ese sentido Judith Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que es necesario que se rindan cuentas sobre en qué se utiliza el presupuesto del Fonsabi, ya que los recursos para la atención de enfermedades que pueden generar gastos catastróficos han tenido una baja de alrededor de 30 por ciento.
Mencionó que hoy no se sabe si el remanente del Fonsabi seguirá ocupándose como lo venían haciendo eI Insabi y Seguro Popular.
Lo positivo es que se hable de tener un fondo para poder financiar enfermedades costosas, que pueden conducir a gasto catastrófico de los hogares, sin embargo, el punto débil es que no necesariamente esos recursos se irían para ese tipo de atención, sino en general para el IMSS-Bienestar que, además, no está contemplando, al menos de inicio atención médica de tercer nivel.
Aún aparece Insabi en el presupuesto de egresos 2023.
Destacó que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2023 todavía aparece el Insabi, por lo que se prevé que esa entidad estará haciendo transferencias de recursos al IMSS-Bienestar para ejecutar el programa de universalizar los servicios a la salud para personas sin seguridad social.
Indicó que el presupuesto para 2023 propone un aumento de 4.2% en términos reales para el sector salud, sin embargo se concentra en el IMSS e ISSSTE y el gasto per cápita aumenta para la población con seguridad social y disminuye para la población sin seguridad social con 2.1% menos que en 2022. Además se eliminan los programas de infraestructura social y mantenimiento.
Llamó la atención en que, debido a la forma en que se presentó el proyecto de presupuesto para 2023, no es posible tener una trazabilidad y seguimiento del gasto, porque, por ejemplo, varias unidades responsables tienen menor presupuesto, como la unidad responsable del Insabi, el Hospital Infantil, el Instituto Nacional de Pediatría, entre otros y hay un aumento de más de 1,300% en la Unidad de Administración y Finanzas, lo que quiere decir que se van a concentrar ahí los recursos para luego decidir a donde se van a canalizar.
Recordó que, de acuerdo con las recomendaciones internacionales al sector salud debería destinarse como presupuesto el equivalente a 6% del PIB nacional pero México destina la mitad y de esos, hasta hace unos años 1.2% era para el Seguro Popular pero para 2023 caerá a 0.8%, lo que quiere decir que se están destinando menos recursos para los servicios de salud para atender a los mexicanos sin seguridad social; acentuando un sector salud padece problemas serios.
Preocupan los subejercicios.
A su vez Enrique Martínez, consultor sobre políticas públicas del sector Salud destacó que por segundo año consecutivo, al menos en el papel, se observan crecimientos relevantes en salud; sin embargo, lo preocupante son los subejercicios, que tan solo en 2022 fueron de alrededor de 16,000 millones de pesos.
Enfatizó que eso ocurre en un contexto de pandemia, falta de medicamentos como para los niños con cáncer y la transición del Insabi a IMSS-Bienestar, y eso puede tener su explicación en falta de coordinación y planeación.
Mientras se consolida el IMSS-Bienestar vamos a tener los desatinos que han caracterizado al gobierno, por ejemplo, en el caso de adquisición de medicamentos e insumos una mezcla de compras consolidadas con individuales y quizá muchas adjudicaciones directas. Lo delicado, destacó, es que so genera rezagos.
Asimismo subrayó que el presupuesto para 2023 refleja una reducción importante en los recursos para adquirir medicamentos y vacunas, pues mientras para 2022 se aprobaron 103,000 millones de pesos, para 2023 se asignaron 86,000 millones de pesos.
Parte de la diferencia puede ser porque no se contempla en el presupuesto para el año siguiente la compra de vacunas para la Covid-19, apuntó.
Hemos visto que de momento ha sido todo improvisado; seguimos viendo tumbos. Ahora con esta decisión de convertir en organismo público descentralizado al IMSS-Bienestar vuelve a dejar en incertidumbre hacia dónde va el sistema de salud y la compra pública de los insumos requeridos por el sector. Son apuestas que no terminan una tras otra, abundó.
Dijo que ahora vamos a ver un caso muy extraño: a un Insabi comprando medicamentos, materiales de curación y manejando los recursos de inversión en unidades médicas, mientras que el IMSS-Bienestar tendrá que pasar de atender cerca de 13 millones de personas a cerca de 80 millones, lo cual implica un esfuerzo monstruoso.
