El Juzgado Octavo de Distrito emitió una sentencia definitiva que valida el retiro anticipado de la concesión de agua potable a la empresa Aguakan en cuatro municipios de Quintana Roo. La empresa había promovido un juicio de amparo contra el decreto 195, aprobado por el Congreso estatal en diciembre de 2023, pero no logró obtener la protección de la justicia federal.
La resolución del juez Mario Fernando Gallegos León concluye que no hubo ilegalidad en la decisión del Congreso de cancelar la concesión antes de su vencimiento, previsto originalmente para 2053. La sentencia se basa en pruebas que señalan incumplimientos contractuales por parte de Aguakan, así como múltiples denuncias ciudadanas y observaciones de autoridades ambientales.
Esta decisión afecta directamente a los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde operaba la empresa bajo el nombre Desarrollos Hidráulicos de Cancún.
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Rechazo al amparo tras más de un año de litigio
La sentencia se da luego de un proceso legal que se extendió por más de 14 meses, en el cual Aguakan interpuso varios recursos para postergar el fallo. El juicio de amparo indirecto 1323/2023 fue presentado por la empresa con el objetivo de anular el decreto legislativo que autorizó el retiro de la concesión.
El juez determinó que la empresa incumplió las obligaciones estipuladas en su contrato al abandonar zonas donde debía ofrecer el servicio, y consideró válidas las denuncias ciudadanas y los informes oficiales que documentaron fallas en el suministro de agua y daños ambientales.
El fallo indica que Aguakan no demostró que el decreto fuera ilegal y, por lo tanto, no se le concede el amparo. Aun así, la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión y llevar el caso a una segunda instancia, ya sea a un Tribunal Colegiado del estado o, eventualmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Denuncias, recursos y antecedentes del caso
La controversia se remonta a diciembre de 2023, cuando el Congreso de Quintana Roo aprobó de manera sorpresiva el retiro anticipado de la concesión. La respuesta de Aguakan fue inmediata, al presentar una demanda de amparo que le otorgó una suspensión provisional.
A inicios de 2024, la empresa consiguió una suspensión definitiva, pero a la par promovió diversos recursos legales que prolongaron el proceso. El Gobierno de Quintana Roo señaló estas acciones como un intento de entorpecer el curso legal del juicio, e incluso acusó a la empresa de incurrir en fraude procesal.
El conflicto legal también tiene una dimensión penal. Se ha señalado que directivos y socios de Aguakan enfrentan denuncias por presunto lavado de dinero, derivadas de una transferencia por más de mil millones de pesos a la administración estatal en 2014, cuando se renovó la concesión.
A raíz de estas acusaciones, varios miembros de la empresa promovieron amparos para evitar órdenes de aprehensión. Las autoridades han programado para mayo una audiencia en la que se formularán imputaciones formales y se definirá si serán vinculados a proceso.
Siguiente paso: revisión o cierre definitivo
Aunque el juez federal dictó la sentencia en contra de Aguakan, la empresa aún puede solicitar que el caso sea revisado por un tribunal superior. De hacerlo, el asunto podría prolongarse varios meses más.
En tanto no haya una resolución definitiva en segunda instancia, la revocación de la concesión se mantiene firme, respaldada por el fallo de primera instancia. La resolución del juez destaca la falta de cumplimiento por parte de la empresa y valida la actuación de las autoridades estatales.
Si la apelación no prospera, el caso sentaría un precedente importante en materia de concesiones de servicios públicos y su fiscalización por parte de los gobiernos estatales.
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