CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo por tercera ocasión incumplió su obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y los programas que dependen de éste.
Dichos programas son para establecer las bases y políticas públicas que marquen la dirección de la capital del país durante los próximos 20 años y con ello evitar que siga su crecimiento desordenado.
Por lo que de acuerdo con urbanistas, abogados, activistas y constituyentes, Sheinbaum y los funcionarios propuestos por ella para la creación de dicho plan han cometido errores jurídicos y de procedimiento que derivaron en el fracaso de la consulta pública ordenada para tal fin violando los derechos humanos de los capitalinos.
La mandataria envió al Congreso local una iniciativa para hacer modificaciones constitucionales relacionadas con los plazos del plan, aunque para los críticos es “equivocada e insuficiente”. De aprobarse la iniciativa, Sheinbaum ya no respondería por ello, pues para entonces ya habría dejado la jefatura de Gobierno en busca de la candidatura de Morena para la elección presidencial de 2024.
El 5 de diciembre de 2018, la jefa de gobierno juró cumplir y hacer valer la Constitución Política de la Ciudad de México, se comprometió a la creación de lo que marca el artículo 15: el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Dichos instrumentos estratégicos de planeación son para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad y darle un rumbo ordenado durante las siguientes dos décadas en temas básicos.
El PGD será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, organismo público con autonomía técnica y de gestión, presidida por Sheinbaum; el cual se deberá someter a consulta ciudadana.
La fecha original marcada para la elaboración del PGD y del PGOT fue modificada en 2019 por el Congreso capitalino, de mayoría morenista, a petición de Sheinbaum. En septiembre de 2021 se dio una segunda modificación, con el argumento de la pandemia por covid-19.
El pasado 6 de diciembre, Claudia envió al Congreso una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México para retrasar por tercera ocasión en cuatro años.
La mandataria aseguró:
El día de hoy estoy enviando una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que se aplace la discusión, porque no tiene caso que, ni en el caso del Suelo de Conservación ni en otras dudas que se han planteado sobre otros temas, se acelere un proceso que tiene que ser democrático y de consensos en la ciudad, y de respeto en general a los usos de suelo de la ciudad
La fecha marcada para el nuevo plazo sería el 1 de octubre de 2023; es decir, 10 meses. Sin embargo, ha transcurrido un mes y el Congreso local ni siquiera había discutido la iniciativa.
El presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la Ciudad de México, Armando Rosales, indica que una de las principales fallas del gobierno de Sheinbaum y del Congreso local es que se ha impedido contar con un plan de desarrollo y futuro para la capital del país.
Rosales indicó que la creación del Instituto de Planeación Democrática y de Prospectiva “fue muy tardada y no tan fácil”.
El pasado 7 de julio, Claudia envió la convocatoria para el proceso de consulta pública de los borradores del PGD y del PGOT, tres meses antes de que se venciera el plazo para su publicación, el 1 de octubre.
Por el contrario con la misma fecha límite, se establecieron plazos para el 8 de enero de 2023 para difundir ambos documentos entre los ciudadanos, realizar foros públicos y mesas de análisis; así como mil 814 asambleas en las unidades territoriales y en pueblos y barrios originarios, además de la consulta ciudadana.
Armando Rosales, doctor en estudios urbanos y ambientales, señaló que Sheinbaum lanzó la convocatoria de consulta “muy tarde” y puso a consulta de la ciudadanía el PGD y el PGOT al mismo tiempo, y la Constitución señala que el segundo se debe sujetar al primero.
El académico de la UNAM, Rosales, considera insuficiente la iniciativa que envió Sheinbaum al Congreso para aplazar la publicación del Plan y del Programa, por lo que es necesario publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la cancelación y la reposición del proceso de consulta.
De acuerdo con la Ley del Sistema de Planeación, la aprobación del PGD y del PGOT tiene que pasar por un proceso de consulta ciudadana, además de recoger observaciones de la sociedad civil. La autoridad indicó que el sábado 3 de diciembre se haría la consulta ciudadana e indígena.
Sheinbaum no dedicó tiempo ni esfuerzo a la promoción de la consulta del PGD y el PGOT a diferencia de la que hizo en sus conferencias y actos públicos para invitar a todos los mexicanos a participar en la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 3 de diciembre, durante su gira en Veracruz, se dio el bloqueo vial derivado por una obra hidráulica no atendido por el gobierno capitalino en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, lo que terminó en represión policial, obligando a Sheinbaum a suspender el ejercicio ciudadano en las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta.
Dichos problemas no fueron los únicos que pusieron en duda el proceso de elaboración y consulta de ambos documentos.
La representante de la asociación civil Suma Urbana, Josefina MacGregor indicó que tales procesos deben estar respaldados y autorizados por el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación, pero hasta hoy dicho consejo no existe y es el encargado de que no se violen los derechos ciudadanos en el proceso.
De igual forma indica que la oficina de Participación Ciudadana se creó fuera de tiempo, en noviembre de 2021, y peor aún sin haber consultado a nadie, los documentos los creó sólo el instituto, cuyo director tenía compromisos claros con el sector inmobiliario.
Ante dicha situación, Suma Urbana interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con más cuestionamientos hacia el instituto, sin que hasta el momento les hayan respondido.
MacGregor considera que Pablo Tomás Benlliure debe renunciar por su incapacidad de interlocución con las instituciones y por no rendir cuentas de todo lo que esta pasando.
Finaliza señalando que con todas esas fallas, la capital del país sigue estando en riesgo de que se puedan crear grandes proyectos inmobiliarios.
El abogado del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de la Anáhuac, Alejandro Velázquez, acusa que el Instituto de Planeación rompió con uno de los principios de la consulta: “la buena fe”.
Velázquez indica que desde septiembre pasado la autoridad convocó a pocas personas de varios pueblos de Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Álvaro Obregón, que no eran representativas, para firmar los “protocolos de consulta”, en los que se establecían las reglas y fechas del proceso.
Pablo Benlliure, director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, hasta el momento no ha dado una respuesta en torno a este caso.
Fuente: Proceso/Crónica
Imagen: Expansión Política