En diciembre de 2012, Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, perdió la vida en el estado de Chihuahua en un trágico suceso que revela las sombras del sistema de seguridad en México. Acompañada por su novio y sus hijas, Yolanda fue víctima de disparos indiscriminados por parte de cinco agentes de la Policía Federal. En el vehículo en el que paseaban, los disparos estallaron en el aire, destrozando la mano de Yolanda mientras intentaba hacerles entender que cesaran el fuego. El impacto de las balas alcanzó su cráneo, dejándola gravemente herida.
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Sistema de seguridad de México
La trágica escena, que tuvo lugar en medio de la estrategia de “guerra contra el crimen organizado” lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón, arrojó una cruda realidad: la violencia y la impunidad colindaban en las calles vigiladas por las fuerzas de seguridad federales. Pese a que se demostró que los agentes habían sembrado pruebas falsas en el vehículo, Yolanda perdió la vida y su novio fue condenado por un cargo menor mientras los responsables del asesinato quedaron en libertad.
En otro rincón del país, en Michoacán, la vida de Alfredo, un joven campesino sin tierra, tomó un giro oscuro. Sosteniendo su subsistencia como jornalero, fue arrebatado por la Guardia Nacional en enero de 2020. Desde entonces, Eufrosina, su madre, ha emprendido una búsqueda desgarradora. Sin rastro de autoridad efectiva, ella misma ha recorrido su pueblo natal en busca de testigos. Estos relataron cómo los soldados entregaron a su hijo a manos de un grupo criminal local.
Los horrores vividos por Yolanda, Alfredo y muchas otras víctimas ilustran una cruda estadística: desde el inicio de la llamada “guerra contra el crimen organizado”, más de mil 524 casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos se han documentado en México. Un sombrío testimonio del abuso de poder perpetrado por cuerpos de seguridad federales y estatales contra personas inocentes y vulnerables. Las víctimas, como Yolanda y Alfredo, no estaban involucradas en actividades ilegales ni portaban armas.
Violencia en México
La violencia sistémica del Estado y la crisis homicida que azota al país han avanzado en paralelo. Estos crímenes, cometidos por soldados, marinos, policías federales y agentes estatales en nombre de una política pública de confrontación armada, desafían la justicia y la seguridad. Bajo esta estrategia, las Fuerzas Armadas han asumido un papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional, exacerbando las muertes violentas en el país.
Las mil 524 historias sombrías plasmadas en esta investigación periodística dejan en claro que la impunidad y la violencia caminan juntas en México. Los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado y el aumento de la violencia homicida coinciden geográfica y temporalmente, creando un ambiente de desconfianza y temor en la sociedad.
Responsabilidad del sistema de seguridad
El precio humano de esta “guerra” se manifiesta a través de rostros individuales, historias de dolor y luchas personales devastadoras. La tragedia de Yolanda, Alfredo y tantos otros cuestiona el papel y la responsabilidad del sistema de seguridad en proteger a sus ciudadanos. En un país donde el dolor y la injusticia se vuelven cotidianos, es imperativo que la sociedad y las autoridades unan fuerzas para cambiar el rumbo y construir un México donde la seguridad y la justicia sean pilares inquebrantables.
Con información de Animal Político.
