- La cancelación del proyecto implicaría dejar de generar 5,166 empleos directos y 10,332 indirectos, además de cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias del orden de 11,000 millones de pesos
Cancún.- En el caso Malecón Tajamar todos perdimos. La cancelación supone indemnizaciones millonarias para las que el gobierno federal no tiene dinero, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Adelantó que no dejarán mal a los inversionistas que adquirieron terrenos en el complejo, ya que explorarán la alternativa de las permutas para hacer frente al problema.
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Actualmente, dijo, Fonatur está peleando por que se haga efectiva la póliza de seguro contra daños al complejo, pues durante el tiempo que ha estado abandonado se ha perdido el equivalente a 20 millones de pesos en luminarias, cableado, registros de drenaje y demás equipamiento urbano de todo el complejo.
Explicó que también se está a la espera de que los propietarios formalicen sus reclamos por los terrenos adquiridos que ya no podrán ser desarrollados como originalmente estaban proyectados, porque hasta el momento sólo han recibido reclamos verbales al respecto.
“No podemos dejarlos embarcados; vamos a ver si proceden las permutas o qué tenemos que ofrecer a cambio porque no tenemos el dinero, es muchísimo dinero. Entonces, tenemos que buscar una solución conjunta y hasta el momento no hemos tenido ninguna posición agresiva o beligerante”, sostuvo.
“Afortunadamente la gente que compró terrenos es muy consciente de que con Fonatur puede haber otras alternativas para poder subsanar el terrible error que se cometió en Malecón Tajamar”, indicó.
“Si la administración federal anterior hubiera hecho algo antes, ya sea en materia jurídica o buscando una salida negociada, no se tendría que haber llegado al punto en que nos encontramos actualmente”, refirió Jiménez Pons.
La mitigación al daño que suponía la construcción de las 72 hectáreas que comprenden el Malecón Tajamar, agregó, se podía haber transferido a otras zonas como garantía hacia la comunidad de que se iba a hacer algo por el medio ambiente.
“Lo único cierto hasta el momento es que la solución no será fácil ni inmediata, ya que son muchos y muy variadas las condiciones de cada uno de los que compraron terrenos en Malecón Tajamar, desde grupos que adquirieron tres o hasta 10 lotes, hasta predios que fueron cedidos en comodato”, subrayó.
Cancelación confirmada
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer recientemente que en Malecón Tajamar no podrán desarrollarse proyectos turísticos, además de que persiste el deber de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de restituir toda la zona de mangle que fue deforestada en ese sitio.
Araceli Domínguez, en representación de Salvemos Manglar Tajamar y Grupo Gema, con el apoyo del Cemda, obtuvo el mes de marzo pasado una nueva victoria judicial, con una sentencia favorable que establece la prohibición absoluta de ejecutar la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, que había sido emitida por la Semarnat en el 2005, y el impedimento de talar o remover el mangle y emitir alguna nueva autorización, así como el deber de restituir la zona en toda el área de Malecón Tajamar que fue objeto de dicha autorización —excepto los espacios de vialidades que se encuentran con construcción finalizada—.
Lo anterior deja sin efecto la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, Quintana Roo, quien consideró que ya se había cumplido la sentencia que obligaba a la Semarnat a restaurar la zona donde fue talado el manglar, pues, a criterio de dicho juzgado, las zonas afectadas “se irán restituyendo naturalmente”.
Es importante recordar que, desde el 2015, Araceli Domínguez denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajos de tala y remoción de vegetación hidrófila —entre ellas mangle—, en el Malecón Tajamar, con maquinaria pesada como son trascabos y retroexcavadora.
Posteriormente, el 16 de enero del 2016 por la noche, ingresaron nuevamente máquinas que desmontaron hectáreas de manglar y degradaron el hábitat de especies residentes y migratorias.
Lo anterior, con el fin de iniciar la construcción de un desarrollo turístico promovido por Fonatur, que se escudó con la autorización emitida por la Semarnat en el 2005.
Después de interponer diversas acciones legales en contra de los permisos otorgados por la Semarnat, el 8 de junio del 2017, Araceli Domínguez por derecho propio y en representación de 12 integrantes de Salvemos Manglar Tajamar y Grupo Gema, obtuvieron una victoria judicial que obligó a dicha dependencia a no ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada en julio del 2005, así como a no emitir nuevas autorizaciones.
De igual forma, se obligó a la Semarnat a restituir el mangle en la zona afectada por los diversos actos ocurridos desde enero del 2016 y posteriores, presentando para ello un plan de restauración.
A partir de lo establecido, ahora corresponde al Juzgado Tercero de Distrito vigilar el cumplimiento de la sentencia para lograr que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de que iniciara el juicio; esto es, requerir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental se asegure de que toda la zona afectada se restaurará, a través de la elaboración e implementación del plan de trabajo correspondiente.
Pérdidas
En el 2016, cuando estalló el conflicto por la devastación de manglar y demás vegetación apenas unas semanas antes de que concluyeran los permisos con que contaba el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para el desmonte de los predios al interior de Malecón Tajamar, Manuel Mercado Béjar, entonces director de Desarrollo del Fonatur, advirtió que la cancelación del proyecto implicaría dejar de generar 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos, además de cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias del orden de los 11,000 millones de pesos.
De la comercialización de lotes, Fonatur informó entonces que obtuvo 2,040 millones de pesos, pero en caso de que los compradores de esos terrenos decidiesen demandar por la cancelación del proyecto, el gobierno tendría que erogar alrededor de 3,000 millones de pesos en indemnizaciones, sin contar con la inversión ya hecha del orden de los 600 millones de pesos entre el 2005 y 2009 para la urbanización de 74 hectáreas que comprenden todo el complejo.
Cabe mencionar que Malecón Tajamar tiene una capacidad máxima de 2,583 unidades de alojamiento, cuyos desarrolladores son 22 empresas del norte del país, así como empresarios cancunenses.
El libro blanco de Malecón Tajamar elaborado por Fonatur establece que el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre los años 2003 y 2012, para la urbanización de las 72 hectáreas que conforman todo el complejo.
Además de esa inversión, entre el 2012 y 2018 el gobierno federal ha tenido que pagar 35.5 millones de Impuesto Predial, además de 4.3 millones de pesos por concepto de energía eléctrica, más otros 3.3 millones de pesos por concepto de vigilancia. Fuente: El Economista
