El gobierno de Donald Trump suspendió el uso de aviones militares para las deportaciones de migrantes indocumentados debido al elevado costo que conllevaba esta operación. El último vuelo de deportación utilizando aeronaves militares se realizó el 1 de marzo, según informó este miércoles The Wall Street Journal. Esta decisión responde principalmente a la necesidad de reducir los gastos de las deportaciones, aunque se mantiene la política de “mano dura” contra la inmigración irregular.
De acuerdo con fuentes de Defensa citadas por el medio, no se tiene programado ningún vuelo militar de deportación en el corto plazo, y existe la posibilidad de que esta suspensión se haga permanente. Los vuelos militares fueron una de las estrategias implementadas por la administración de Trump para enviar un mensaje claro en cuanto a la postura de Estados Unidos frente a la inmigración irregular.
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Costos elevados de los vuelos militares
El uso de aviones militares C-17 y C-130 para deportaciones fue una práctica que se mantuvo durante buena parte del gobierno de Trump, en especial para trasladar a migrantes desde la base militar de Guantánamo hacia varios países de América Latina y la India.
Sin embargo, los costos asociados a estos vuelos resultaron ser considerablemente altos. Según el informe, algunos vuelos hacia la India costaron hasta 3 millones de dólares cada uno, mientras que los vuelos que transportaban pequeñas cantidades de personas, como los que iban a Guantánamo, alcanzaron los 20 mil dólares por deportado. Estos costos resultaron muy superiores a los de los vuelos comerciales estándar, lo que hizo que la administración reconsiderara su uso.
Por ejemplo, un vuelo estándar operado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuesta alrededor de 8 mil 500 dólares por hora en vuelos dentro de Estados Unidos, y esta cifra puede aumentar hasta los 17 mil dólares por hora para vuelos internacionales. En comparación, los vuelos en aviones militares C-17 tienen un costo de aproximadamente 28 mil 500 dólares por hora, lo que incrementa considerablemente el gasto en deportaciones.
Alternativas en vuelos comerciales y acuerdos con otros países
Debido a los altos costos, algunos gobiernos de países receptores, como México, han decidido no permitir el ingreso de aviones militares de EE.UU. para repatriar a sus ciudadanos. En lugar de ello, han enviado sus propios aviones para llevar a cabo las deportaciones o han llegado a acuerdos con Estados Unidos para organizar el transporte de migrantes mediante vuelos comerciales.
El uso de vuelos comerciales representa una opción más económica y flexible para las deportaciones, ya que los costos operativos son considerablemente menores en comparación con los aviones militares. Además, algunos países han optado por regular la cantidad de migrantes deportados en vuelos programados de aerolíneas comerciales, con lo cual se pueden coordinar más fácilmente los horarios y la cantidad de personas en cada vuelo.
Impacto de la suspensión de vuelos militares
La decisión de suspender los vuelos militares no implica un cambio en la política de deportaciones del gobierno de Trump, que sigue enfocada en la expulsión de migrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes criminales. La administración continúa ejecutando una campaña de deportaciones masivas, aunque ahora con métodos más económicos, como el uso de vuelos comerciales y la colaboración con otros países para la repatriación.
Desde que asumió la presidencia en enero de 2017, Trump ha implementado políticas de inmigración más estrictas y ha intensificado las deportaciones. En muchos casos, se han realizado operativos masivos de detención, como el arresto de casi mil personas en un solo día, con el objetivo de expulsarlas rápidamente.
El cierre de la opción de vuelos militares puede significar una adaptación en los métodos de deportación, pero no un retroceso en la política de control migratorio. A pesar de los altos costos asociados a estas operaciones, Trump ha insistido en que la administración mantiene una postura firme frente a la inmigración irregular.
Fuentes: López Dóriga
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