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Uber, la multinacional de servicios de transporte y reparto, ha conseguido una vez más sortear las restricciones de la Ley de Movilidad de Quintana Roo. En una decisión reciente del Juzgado Noveno de Distrito de Cancún, se ha concedido una suspensión provisional a Uber Portier, la entidad que opera Uber Eats en la región, permitiéndole esquivar temporalmente ciertos aspectos de la legislación local.
Detalles de la suspensión
La demanda de amparo indirecto número 566/2023, presentada por Uber el pasado 23 de mayo, ha sido la clave para conseguir esta suspensión. Ahora, la empresa se prepara para una audiencia incidental en la que buscarán la suspensión definitiva hasta que se resuelva el asunto de fondo.
La suspensión obtenida deja en suspenso temporalmente siete artículos de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, aplicables exclusivamente a Uber. Esta medida cautelar mantiene las condiciones tal y como estaban antes de la promulgación de los decretos impugnados, evitando que se apliquen los efectos y consecuencias de la normativa reclamada, tal y como se establece en el acuerdo emitido.
Los decretos a los que se hace referencia, emitidos el 26 y 28 de abril, son los que han introducido modificaciones en la Ley de Movilidad en Quintana Roo. Estos cambios surgieron tras un debate y aprobación en el Congreso del estado para regular las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte privado.
Próximas audiencias y expectativas
La audiencia incidental que determinará si se mantiene o no la suspensión está programada para el 21 de junio, mientras que la audiencia constitucional para resolver el proceso judicial en su totalidad se ha establecido tentativamente para el 7 de julio.
La posición de Uber
En relación a esta situación, Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber Eats, ha expresado la postura de la compañía. De acuerdo con su declaración, la empresa considera que la reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo podría representar un obstáculo para la generación de oportunidades para los socios repartidores registrados en la aplicación. Entre los elementos mencionados se encuentra la “declaratoria de sostenibilidad” y los requisitos para obtener el registro ante las autoridades, que representan un costo para los socios repartidores.
A pesar de los desafíos legales, Uber Eats reafirma su compromiso con Quintana Roo y su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de la mejor manera de crear oportunidades económicas para los repartidores y los comercios locales.
¿Qué significa esto para otras plataformas de reparto?
En Quintana Roo, además de Uber Eats, operan diversas plataformas digitales de entrega, como DiDi Food y Rappi, junto con grupos locales de motoservicios. La suspensión obtenida por Uber podría sentar un precedente para estas plataformas, que podrían explorar acciones legales similares si enfrentan restricciones similares bajo la Ley de Movilidad.
A medida que la situación se desarrolle, los observadores legales y la industria de servicios de entrega estarán observando atentamente. Las decisiones que se tomen podrían tener implicaciones significativas no sólo para Uber, sino para todas las plataformas de reparto que operan en Quintana Roo.
Fuentes: Digital NEWS
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